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Procuraduría evaluaría intervención por decisiones en Cancillería que pondrían en riesgo el voto en el exterior

  • Foto del escritor: Tatty Umaña G
    Tatty Umaña G
  • 26 ene
  • 3 Min. de lectura

La senadora de la República, María Fernanda Cabal Molina, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal de intervención inmediata y ejercicio de vigilancia preventiva frente a recientes decisiones administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales, según advierte, podrían afectar gravemente la organización de las elecciones de 2026 en el exterior y vulnerar la Ley de Garantías Electorales.


La solicitud se sustenta en un comunicado emitido el pasado 23 de enero de 2026 por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO), en el que se alerta sobre cambios abruptos de personal, declaraciones de insubsistencia y desvinculaciones tanto en consulados y embajadas como en la planta interna de la Cancillería, incluyendo cargos considerados críticos para el funcionamiento del servicio exterior.


Riesgo para el derecho al voto de millones de colombianos


De acuerdo con lo expuesto en el documento, cerca de seis millones de colombianos residentes en el exterior dependen del adecuado funcionamiento de los consulados y misiones diplomáticas para ejercer su derecho fundamental al voto. ASODIPLO advierte que las recientes decisiones administrativas podrían impactar negativamente la logística y organización de los procesos electorales de 2026 fuera del país.


La senadora Cabal fue enfática en señalar que estas actuaciones generan una seria preocupación institucional.

“Estoy radicando ante la Procuraduría General de la Nación una intervención inmediata y vigilancia preventiva frente a decisiones recientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que podrían poner en riesgo la organización del voto en el exterior y violar la Ley de Garantías Electorales”, afirmó.


Falta de transparencia y opacidad administrativa


El comunicado de ASODIPLO también pone de presente la falta de transparencia en los criterios utilizados para los cambios de personal, así como la proliferación de nuevos contratos sin que exista información pública clara, completa y oportuna sobre los nombramientos realizados.


Adicionalmente, se advierte que la Dirección de Talento Humano del Ministerio habría incumplido los términos legales para responder derechos de petición, lo que —según el gremio diplomático— limita las labores de veeduría ciudadana y el control social sobre la gestión pública.


Sin diálogo institucional con la Cancillería


Uno de los puntos más críticos señalados en la solicitud es la ausencia de diálogo institucional entre ASODIPLO y la ministra de Relaciones Exteriores. Pese a múltiples solicitudes formales, no se habría logrado establecer un canal de comunicación, situación que, a juicio de la senadora, agrava el escenario de falta de control y transparencia administrativa.


“Cambios abruptos de personal, falta de transparencia en los nombramientos y ausencia de diálogo institucional son señales graves de una posible afectación al servicio exterior y al derecho al voto de millones de colombianos en el exterior”, subrayó Cabal.


Lo que pide la senadora a la Procuraduría

En su escrito, la congresista solicita al Ministerio Público que:


  • Verifique la legalidad y debida motivación de los actos administrativos relacionados con desvinculaciones, insubsistencias, nombramientos y contrataciones recientes.

  • Evalúe si estas actuaciones comprometen la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados.

  • Ejercite vigilancia preventiva sobre los efectos que estas decisiones puedan generar en la función consular, las relaciones internacionales y la garantía del derecho al voto de los colombianos en el exterior.


La Procuraduría General de la Nación deberá ahora analizar la solicitud y definir si procede la apertura de actuaciones preventivas frente a las decisiones adoptadas por la Cancillería, en un contexto marcado por la cercanía del calendario electoral y la vigencia de la Ley de Garantías.





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