Presiones indebidas: la polémica por contratistas obligados a asistir al evento de Petro en Ibagué

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Un escándalo que enciende alarmas

En la política colombiana abundan las controversias, pero pocas generan tanta indignación como aquellas que tocan la dignidad laboral de las personas. En los últimos días, contratistas del Ministerio de Salud denunciaron presuntas presiones indebidas para asistir, sin viáticos y bajo amenaza de no renovar sus contratos, al evento convocado por el presidente Gustavo Petro en Ibagué el próximo 3 de octubre.

La situación, revelada inicialmente por El Colombiano y amplificada por medios locales del Tolima, desnuda una práctica que, de confirmarse, resulta inadmisible en cualquier democracia: condicionar la estabilidad laboral a la asistencia forzada a una movilización política.

Testimonios en reserva por miedo a represalias

Las voces de los contratistas coinciden en un patrón inquietante. Según relataron bajo anonimato, el pasado viernes 26 de septiembre se realizó una reunión en la que, como condición de ingreso, no se permitió el uso de celulares. Allí, recibieron la instrucción de desplazarse a Ibagué para “posar en la foto” del evento presidencial, pero costeando de su propio bolsillo los gastos de transporte y manutención.

“Nos dijeron que el secretario Rodolfo Enrique Salas iba a mirar quién cumplía y quién no, para tomar determinaciones relacionadas con la renovación de contratos”, contó uno de los asistentes a El Colombiano.

Otro contratista señaló que no es la primera vez que ocurre: “Este mes ya llevamos tres reuniones a puerta cerrada sin celulares. En ellas nos repiten que si no vamos nos tendrán en cuenta a la hora de decidir sobre la continuidad de nuestro contrato”.

El miedo a represalias explica el silencio público y la reserva de los testimonios. Nadie quiere arriesgar su sustento económico por denunciar abiertamente, pero la indignación es compartida.

La logística detrás de la presión

Las denuncias incluyen detalles adicionales que refuerzan las sospechas. Uno de ellos es la creación de un formulario en línea, similar a un Excel, en el que se llevaba el listado de contratistas que asistirían al evento. Según los testimonios, se les presentó como una “invitación cordial”, aunque todos entendían que se trataba de una obligación disfrazada.

El panorama no se limita a MinSalud. Versiones recogidas por medios locales como Cambio In apuntan a que en hospitales públicos y alcaldías del Tolima también habría directrices informales para movilizar funcionarios y contratistas. Algunos relataron incluso que la orden era llevar a un mínimo de cinco personas adicionales para garantizar que la Plaza Murillo Toro, escenario del acto, se llenara por completo.

El trasfondo político del evento

La movilización, bautizada “Ibagué por la dignidad y la democracia”, tendrá lugar el 3 de octubre a las 3:00 p.m. y contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, varios ministros y líderes locales. El evento se produce en medio de la polémica internacional por la revocatoria de la visa estadounidense del mandatario, hecho que él mismo comparó con el caso del expresidente Ernesto Samper en 1996.

Más allá de lo simbólico, el acto también tiene un trasfondo político evidente. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima, lo que convierte a esta región en su fortín político natural. En vísperas de las elecciones de 2026, la demostración de capacidad de convocatoria en la capital tolimense adquiere un valor estratégico.

Una práctica que erosiona la democracia

La democracia se sostiene sobre la base de la libertad individual, incluida la de disentir o abstenerse de participar en actos políticos. Cuando la asistencia se convierte en obligación, respaldada por amenazas laborales, el derecho ciudadano se desvirtúa.

El caso de los contratistas de MinSalud recuerda prácticas clientelistas históricas: el uso de cargos temporales y contratos precarios como herramientas de control político. La vulnerabilidad contractual se convierte en el mecanismo perfecto para presionar a quienes no tienen garantías laborales sólidas.

En este sentido, el escándalo trasciende el episodio puntual en Ibagué: pone en evidencia una cultura política que, a pesar de los discursos de cambio, sigue reproduciendo viejas prácticas de coacción.

¿Qué dice el Ministerio de Salud?

Frente a la polémica, el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, fuentes internas consultadas por El Colombiano negaron las acusaciones. Según ellas, dentro de las funciones del equipo de comunicaciones está la cobertura de eventos institucionales, siempre con viáticos incluidos.

Además, aseguraron que las decisiones sobre la permanencia de un contratista dependen exclusivamente de su rendimiento profesional, calificando como infundadas las versiones de retaliaciones por no asistir a un evento político.

No obstante, la contradicción entre los testimonios y la versión oficial mantiene viva la controversia.

¿Usarán a los "viejos"?

Para las horas de la mañana del viernes de octubre están convocados los adultos mayores a los que ellos llaman despectivamente "viejos", justamente al parque Manuel Murillo toro de 8 de la mañana a 12 del mediodía para que se inscriban en el programa de subsidio para la tercera edad.

Muy conveniente dicha invitación, una manera facilista y deplorable, al igual que lo que han supuestamente hecho con los contratistas del Ministerio. Pero no es una práctica nueva, se suele usar en eventos como entrega de resultados manifestaciones políticas y todo aquello que requiera que se vea una gran cantidad de asistentes.

Con esta práctica incluso, en ocasiones anteriores, se han visto listados en los cuales los contratistas deben anotar x número de personas que asistirán por su parte para el evento citado.

Reacciones y posturas encontradas

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que no asistirá al evento. Aclaró que su agenda ya estaba programada y que, como autoridad regional, está dispuesta a participar en encuentros de carácter institucional, pero no en movilizaciones políticas. Su postura marca distancia y da mayor visibilidad a las críticas.

Por su parte, analistas políticos señalan que este tipo de denuncias minan la credibilidad del Gobierno y erosionan el respaldo ciudadano. Obligar a llenar plazas bajo presión contradice la esencia de un movimiento que prometió hacer política “desde las bases” y no repetir las viejas maquinarias.

Un espejo de la precariedad laboral

Más allá del debate político, el caso refleja una problemática estructural: la precariedad de miles de contratistas en el Estado colombiano. Sin estabilidad, sin prestaciones y con renovaciones sujetas a la discrecionalidad de superiores, los contratistas viven en permanente inseguridad.

Esa condición los hace particularmente vulnerables a presiones indebidas, como las denunciadas en este episodio. La amenaza de no renovar el contrato se convierte en un arma silenciosa que somete voluntades y elimina la capacidad de decir “no”.

Un recordatorio incómodo

El caso de los contratistas presionados para asistir al evento en Ibagué es más que una anécdota: es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser los cimientos democráticos cuando se juega con la dignidad laboral de las personas.

Que un ciudadano deba elegir entre conservar su sustento o ejercer libremente su derecho a decidir sobre su participación política es, en sí mismo, una derrota para la democracia.

Lo ocurrido en MinSalud y en entidades locales del Tolima plantea un debate necesario: ¿hasta qué punto las prácticas clientelistas siguen vivas en Colombia, disfrazadas bajo nuevas narrativas de cambio?

La respuesta, quizás, está en la voz anónima de aquellos contratistas que, con miedo pero también con valentía, se atrevieron a contar lo que consideran inadmisible.

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