Piden sanción por desacato al presidente Petro tras no retractarse ante periodistas

Tatty Umaña G
29 oct
3 Min. de lectura

La Corte Constitucional había exigido al mandatario ofrecer disculpas públicas por sus expresiones hacia mujeres periodistas, pero la orden no se ha cumplido.

Un nuevo capítulo se suma a la polémica entre el presidente Gustavo Petro y el gremio periodístico. El abogado Germán Calderón España, junto con la comunicadora María Andrea Nieto, solicitó formalmente al Consejo de Estado que se inicie un incidente de desacato contra el jefe de Estado por no acatar el fallo de la Corte Constitucional que le ordenaba retractarse de sus declaraciones en las que calificó a varias periodistas como “muñecas de la mafia”.

El origen del conflicto judicial

Las declaraciones del presidente se produjeron durante la ceremonia de posesión de Iris Marín como Defensora del Pueblo, donde, al referirse a las manifestaciones juveniles y a la cobertura mediática, expresó:

“Bueno los jóvenes que protestan allá, pero malo los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”.

Estas palabras generaron un profundo rechazo en diversos sectores, especialmente entre mujeres periodistas que consideraron que el mensaje estigmatizaba su labor y reproducía estereotipos discriminatorios.

La decisión de la Corte Constitucional

Ante las demandas presentadas, la Corte Constitucional concluyó que las expresiones del presidente vulneraron los derechos fundamentales de las periodistas, en particular los relacionados con la libertad de expresión, la no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia, incluso en entornos digitales.

El alto tribunal ordenó al mandatario realizar una alocución pública en la que se retractara y ofreciera disculpas tanto a las comunicadoras directamente afectadas como a todas las mujeres periodistas del país. La Corte también dispuso que el presidente debía incorporar una nota aclaratoria en el registro audiovisual y la transcripción de su discurso original, admitiendo que sus palabras no fueron apropiadas.

Además, la sentencia estableció una directriz clara: el presidente debía abstenerse de emitir declaraciones o mensajes que promovieran la violencia simbólica o que atentaran contra la dignidad de las mujeres en el ejercicio periodístico.

El incumplimiento y la solicitud de desacato

Pese a que el fallo fijó un plazo de cinco días hábiles para el cumplimiento de estas órdenes, el abogado Calderón España aseguró que ese término ya venció sin que el presidente haya ofrecido la retractación exigida.

“Solicito respetuosamente abrir incidente de desacato, toda vez que han pasado más de cinco días hábiles y el presidente de la República accionado no ha dado cumplimiento al fallo”, expresó el jurista en su solicitud ante el Consejo de Estado.

De acuerdo con la ley, si el alto tribunal encuentra mérito para declarar el desacato, el mandatario podría enfrentar sanciones disciplinarias o incluso una multa, dependiendo del grado de incumplimiento que se determine.

Contexto y repercusiones políticas

La controversia ha generado una nueva discusión sobre los límites del discurso político y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la libertad de prensa y la igualdad de género. Organizaciones de periodistas y colectivos feministas han insistido en que el lenguaje empleado por los líderes políticos tiene un impacto directo en la percepción social de las mujeres en medios, y que expresiones de ese tipo perpetúan la violencia simbólica.

Por su parte, desde sectores afines al gobierno se ha intentado restar gravedad al episodio, señalando que las palabras del presidente fueron malinterpretadas y que su intención era denunciar la manipulación mediática durante el estallido social. Sin embargo, para la Corte Constitucional, la jerarquía institucional del mandatario le impone un deber reforzado de respeto y cuidado en su comunicación pública.

El Consejo de Estado deberá ahora evaluar si procede o no el incidente de desacato y, de ser así, establecer las consecuencias correspondientes. Mientras tanto, el país sigue atento a si el presidente Petro ofrecerá las disculpas exigidas por la justicia constitucional, gesto que podría contribuir a reducir la tensión entre el Ejecutivo y la prensa.

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