La renuncia que sacude al Ministerio de Justicia y reaviva viejas tensiones políticas

El exministro Luis Eduardo Montealegre renunció irrevocablemente a su cargo, denunciando la impunidad y el poder de Álvaro Uribe en la justicia colombiana.

La carta que estremeció al Gobierno

El 24 de octubre de 2025, desde París, Luis Eduardo Montealegre Lynett presentó su renuncia “irrevocable” al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. La decisión, plasmada en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, marcó un punto de quiebre en el gabinete y generó una fuerte controversia nacional. En el documento, Montealegre expresó una profunda indignación por lo que calificó como un “prevaricato” del Tribunal de Bogotá, tras absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez de crímenes de guerra.

El exministro señaló al fallo como “una ofensa a la justicia” y acusó a las instituciones de estar cooptadas por intereses políticos. Su misiva, de tono vehemente y personal, también incluyó un mensaje de advertencia al presidente Petro: “Cuídese mucho, en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas”.

Una trayectoria marcada por la justicia

Luis Eduardo Montealegre Lynett, nacido en Ibagué el 14 de octubre de 1957, ha sido uno de los juristas más influyentes de Colombia en las últimas tres décadas. Abogado del Externado, su carrera pública comenzó en 1995, cuando integró una comisión encargada de revisar la legislación ambiental. Dos años después, su antiguo profesor Jaime Bernal Cuéllar lo vinculó como viceprocurador, abriendo el camino para una sólida carrera en el ámbito jurídico.

En el año 2000, fue ternado por el Consejo de Estado y posteriormente elegido por el Senado como magistrado de la Corte Constitucional, respaldado mayoritariamente por el Partido Liberal. Sin embargo, en 2004 renunció antes de culminar su periodo, argumentando su deseo de dedicarse a la academia.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Montealegre retomó protagonismo. En 2011 asesoró al Ejecutivo en temas jurídicos, y un año más tarde fue elegido por la Corte Suprema de Justicia como fiscal general de la Nación, cargo que ocupó hasta 2016. Su gestión estuvo marcada por la defensa del proceso de paz y por controversias relacionadas con su interpretación amplia del fuero presidencial.

Del asesor presidencial al Ministerio de Justicia

En junio de 2025, el presidente Gustavo Petro lo designó ministro de Justicia tras la salida de Ángela María Buitrago. En ese momento, Montealegre era considerado un aliado clave en la estrategia jurídica del gobierno, especialmente en la defensa del decreto que buscaba convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, proyecto que había sido negado por el Congreso.

Su designación generó expectativas entre los sectores progresistas, que lo veían como un jurista firme y conocedor del sistema judicial. Sin embargo, su relación con el poder judicial siempre fue tensa, en especial por sus críticas abiertas a la Fiscalía y a la Corte Suprema, instituciones que consideraba “capturadas por intereses del establecimiento”.

Las razones de su ruptura

En su carta de renuncia, Montealegre aseguró que su decisión respondía a un deber moral: “Retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que los actos de Uribe queden en la impunidad”. Acusó directamente a la Fiscalía General de la Nación de negarse a sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos, según él, durante el gobierno de Uribe en casos como los del Aro y la Granja.

También denunció la supuesta connivencia de la justicia con sectores del uribismo y advirtió sobre la influencia de “una nueva gobernanza paramilitar” que —según sus palabras— estaría intentando imponerse sobre el país con el respaldo de algunos sectores políticos.

Montealegre no se limitó a la denuncia institucional: señaló con nombre propio al procurador general de la Nación, a quien llamó “funcionario oscuro, aliado del abogado mafia”, y criticó lo que consideró la pasividad de algunos miembros del propio Pacto Histórico frente a la corrupción.

Una salida que reconfigura el tablero político

La renuncia de Montealegre dejó un vacío en el gabinete y abrió un nuevo capítulo en las tensiones internas del gobierno Petro. Su carta, escrita con tono personal y combativo, no solo cuestiona la independencia del poder judicial, sino que también apunta a divisiones dentro del movimiento que llevó a Petro a la presidencia.

Mientras el Ejecutivo guarda silencio oficial, sectores del Pacto Histórico lamentan la salida de un ministro considerado defensor de la justicia transicional y crítico del poder del uribismo. En contraste, desde la oposición se celebra su dimisión, calificando su carta de “manifiesto político” más que de renuncia institucional.

El eco de una renuncia con mensaje

Luis Eduardo Montealegre, a sus 68 años, se despide del cargo reafirmando su compromiso con lo que llama “la lucha contra la impunidad”. En su texto, deja claro que su renuncia no es un retiro de la vida pública, sino una forma de recuperar independencia para acudir a instancias internacionales en busca de justicia.

“Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré”, escribió. Una frase que resume el espíritu de una renuncia que trasciende lo administrativo para convertirse en un acto político de denuncia.

Con esta decisión, Montealegre reingresa al debate público, evocando una larga historia de confrontaciones entre el derecho, el poder y la verdad. Su renuncia, más que una despedida, parece una declaración de guerra jurídica contra lo que él considera los rezagos de un pasado que aún no termina de resolverse.

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