La lista Clinton y el caso Petro: entre las sanciones financieras y la tensión diplomática

Tatty Umaña G
24 oct
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Foto de Presidencia

Qué es la lista Clinton y por qué se creó

La llamada “lista Clinton” es el nombre popular del programa de sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fue creada en 1995 durante el gobierno de Bill Clinton, mediante la Orden Ejecutiva 12978, como herramienta para frenar las operaciones financieras de los cárteles de la droga, principalmente los colombianos.

En su concepción original, la lista buscaba cortar el flujo de dinero hacia organizaciones narcotraficantes, bloqueando sus activos y prohibiendo que personas o empresas estadounidenses hicieran negocios con ellos. Con el paso del tiempo, su alcance se amplió a otros delitos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción transnacional.

Estar incluido en ella significa, en términos concretos, quedar vetado del sistema financiero estadounidense. Cualquier activo que una persona o entidad posea en EE.UU. puede ser congelado, y sus aliados o socios internacionales tienden a distanciarse por temor a sanciones secundarias.

Una sanción sin precedentes

El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la llamada “lista Clinton” al presidente de Colombia, Gustavo Petro; a su esposa, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro Burgos, y al ministro del Interior, Armando Benedetti. La medida, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se fundamenta —según el Gobierno estadounidense— en el incremento de la producción de cocaína en Colombia y en presuntas facilidades otorgadas a estructuras vinculadas al narcotráfico.

La decisión, inédita en la historia bilateral, tiene implicaciones que trascienden lo político. Afecta el panorama económico, la reputación internacional del país y pone a prueba la solidez de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington, en un momento de evidente fricción ideológica.

De herramienta antidrogas a instrumento geopolítico

Lo que comenzó como un mecanismo para combatir el narcotráfico se transformó en una poderosa herramienta de política exterior. La lista Clinton —oficialmente llamada Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)— se utiliza para ejercer presión económica sobre gobiernos, empresas o individuos considerados una amenaza para los intereses estadounidenses.

En el contexto colombiano, la lista ha incluido en el pasado a figuras empresariales y políticas relacionadas con narcotráfico o lavado de dinero, pero nunca antes a un mandatario en ejercicio. Por eso, la inclusión del presidente Petro y de su entorno más cercano representa un hecho histórico que reconfigura la relación bilateral.

Las razones de la inclusión de Petro y su círculo

De acuerdo con los comunicados del Departamento del Tesoro y los reportes de medios internacionales como El País, Infobae y El Colombiano, la administración estadounidense argumenta que durante el gobierno de Petro “la producción de cocaína ha alcanzado niveles récord” y que el mandatario “ha otorgado concesiones a organizaciones narcoterroristas”.

El ministro Armando Benedetti también fue incluido, presuntamente por su cercanía con estructuras políticas y empresariales bajo investigación por lavado de activos. La esposa de Petro, Verónica Alcocer, y su hijo Nicolás Petro fueron vinculados al caso por “asistencia indirecta” a movimientos de dinero asociados a campañas políticas, aunque no se han presentado pruebas judiciales en Colombia.

Washington sostiene que la decisión se tomó bajo el marco del Acta de Designación de Narcotraficantes Especialmente Señalados, que no requiere sentencia judicial previa: basta con que existan indicios o informes de inteligencia.

Las consecuencias económicas y políticas

Estar en la lista Clinton no solo implica un bloqueo financiero inmediato. Las entidades bancarias internacionales están obligadas a cerrar cuentas, suspender contratos y reportar movimientos sospechosos. Esto puede afectar directamente el manejo de fondos de campañas, relaciones comerciales y operaciones oficiales vinculadas a los sancionados.

En el caso de un jefe de Estado, el impacto es más simbólico que jurídico, pero profundamente político. Estados Unidos, históricamente aliado clave de Colombia en la lucha antidrogas, lanza así un mensaje de desconfianza hacia el gobierno actual. Analistas lo interpretan como un intento de presión para modificar la estrategia nacional frente a los cultivos ilícitos y las negociaciones con grupos armados.

Diplomáticamente, la medida coloca a Colombia en una situación compleja: por un lado, debe defender su soberanía y la legitimidad de su presidente; por el otro, no puede arriesgar sus vínculos comerciales, militares y económicos con Estados Unidos, que sigue siendo su principal socio estratégico.

Reacciones en Colombia y en el exterior

Las respuestas no se hicieron esperar. El presidente Petro calificó la inclusión como un “acto de injerencia extranjera” y aseguró que “Colombia no se arrodillará ante ningún imperio”. Verónica Alcocer expresó que se trata de “una humillación injusta y política”, mientras que Nicolás Petro afirmó: “Por el solo hecho de ser hijo del presidente, me meten injustamente”.

El ministro Benedetti, conocido por su tono directo, escribió en redes sociales: “Gringos, go home. No he pisado la casa de un narco en mi vida”. Desde sectores de la oposición, sin embargo, algunos interpretan las sanciones como una alerta sobre el manejo de relaciones con actores ilegales y la falta de resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico.

En el ámbito internacional, varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron el carácter unilateral de la decisión, recordando que la lista Clinton no equivale a una condena judicial sino a una sanción administrativa basada en criterios de seguridad nacional de EE.UU.

Un golpe a la reputación institucional

Más allá de las sanciones económicas, el efecto reputacional es profundo. Estar en la lista Clinton puede afectar la percepción internacional de estabilidad política, transparencia y gobernabilidad. Los inversionistas extranjeros suelen evitar países o líderes que aparezcan asociados a ese tipo de sanciones.

Además, para las entidades financieras colombianas, la inclusión del presidente y de un ministro en ejercicio representa un desafío de cumplimiento normativo. Los bancos deben aplicar controles estrictos y reportar cualquier vínculo con personas designadas por la OFAC, incluso si son funcionarios públicos.

La historia se repite, pero con otros protagonistas

Desde su creación en 1995, la lista Clinton ha incluido a cientos de empresarios, políticos y compañías latinoamericanas. En Colombia, nombres ligados a los antiguos carteles de Cali y del Norte del Valle marcaron sus primeros años. Sin embargo, nunca antes había tocado la figura de un presidente en funciones.

Para algunos observadores, la decisión refleja un viraje en la estrategia estadounidense hacia América Latina, más alineado con una lógica de presión geopolítica que con una lucha estrictamente antidrogas. Para otros, se trata de un llamado de atención sobre los riesgos de ambigüedad frente a economías ilícitas y la falta de resultados concretos en materia de reducción de cultivos.

Un desafío para la diplomacia colombiana

El episodio plantea un dilema de fondo: cómo mantener relaciones con Estados Unidos sin renunciar a la autonomía nacional. El gobierno Petro insiste en que su política de “paz total” y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos busca atacar las causas estructurales del narcotráfico, no perpetuar la guerra contra las drogas.

Mientras tanto, Washington mantiene que la cooperación antidrogas requiere resultados verificables y compromisos firmes en erradicación. La tensión parece lejos de resolverse y deja abierta una pregunta mayor: ¿hasta qué punto las sanciones económicas pueden determinar el rumbo político de una nación soberana?

La inclusión del presidente Gustavo Petro, su familia y el ministro Armando Benedetti en la lista Clinton marca un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia. No solo reconfigura la relación con Estados Unidos, sino que también abre un debate sobre soberanía, justicia internacional y el uso político de las sanciones financieras.

En medio del ruido diplomático, lo que está en juego es mucho más que una lista: se trata de la credibilidad del Estado colombiano ante el mundo y de la manera en que el país decide enfrentar sus propios dilemas entre independencia, legalidad y cooperación internacional.