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Editorial by Tatty Umaña: Constituyente, el experimento que Colombia no necesita

  • Foto del escritor: Tatty Umaña G
    Tatty Umaña G
  • 2 may
  • 4 min de lectura

En medio de una nueva ofensiva política para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el país asiste a un episodio que, más que fortalecer la confianza institucional, la pone en entredicho. El titular de la cuenta bancaria promovida públicamente por Gustavo Petro para financiar la iniciativa es un particular, es un representante indígena y ya reconoció que no ha ingresado un solo peso, todo esto no es menor, en dicho comité no hay una sola persona del común, no cualquier colombiano o representante elegido por el resto de colombianos tiene acceso a dicho comité, esto ya es un síntoma.


Según reveló El Tiempo, el vocero del comité promotor, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, confirmó que, pese al respaldo presidencial y a la difusión de datos bancarios para recibir aportes de hasta diez millones de pesos por ciudadano, la cuenta no registra movimientos. En un país donde las causas legítimas suelen encontrar eco, la ausencia de apoyo económico plantea una pregunta inevitable: ¿existe realmente un respaldo ciudadano sólido para cambiar la Constitución?



Una iniciativa con más discurso que legitimidad


El Gobierno ha insistido en presentar la Constituyente como un clamor popular. Sin embargo, los hechos no acompañan esa narrativa. Cerca de 900 mil firmas, frente a las más de 2 millones 300 mil exigidas por la ley, muestran que el proceso aún está lejos de cumplir los requisitos mínimos. La meta de cinco millones de rúbricas parece, por ahora, más una aspiración política que una realidad verificable.


El problema no es solo de cifras, es de fondo, pretender modificar la Constitución de 1991, uno de los pilares institucionales más importantes del país, exige algo más que entusiasmo político: requiere consenso, estabilidad y, sobre todo, confianza, y ninguno de esos elementos parece consolidado en esta iniciativa. Pero es que si además le sumamos quienes conforman el comité y sus aportes a la democracia, a la justicia, a la economía, a la cultura, a la educación, a la industria, pues no hay nada que sacar de allí.


La insistencia del presidente Gustavo Petro en impulsar una Constituyente antes del fin de su mandato no se percibe como una respuesta a una crisis estructural del Estado, sino como una apuesta política que busca reconfigurar las reglas de juego en medio de tensiones institucionales crecientes, entre más suenan candidatos como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sobre su heredero, Petro más empodera a indígenas para manipularlos y lograr su objetivo, eso me recuerda lo que hicieron los españoles y que supuestamente Bolivar "despreció " pero que luego usó para intentar ser Emperador por allá en tierras del Sur.



El riesgo de delegar el poder constituyente sin equilibrio


Otro elemento que no puede pasarse por alto es la composición y el enfoque del comité promotor. Aunque se resalta la participación de comunidades indígenas, campesinas y minorías étnicas, insisto, la discusión no puede simplificarse a una narrativa de representación. Colombia es una nación diversa, sí, pero también profundamente desigual en términos de acceso al poder y a la toma de decisiones.


La autonomía indígena, reconocida por la Constitución de 1991 y respaldada por instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, es un derecho legítimo que protege la identidad cultural y el autogobierno en sus territorios. Pero esa autonomía no puede convertirse en un argumento para concentrar la conducción de un proceso constituyente que afectará a todos los colombianos.


El país no puede permitirse que una reforma estructural de esta magnitud quede en manos de sectores que, aunque legítimos en su representación, no reflejan la totalidad del tejido social. La Constitución no es un instrumento sectorial. Es el contrato de todos.



Entre la narrativa política y la realidad social


Mientras se promueve una Constituyente como solución a los problemas del país, regiones como La Guajira siguen siendo símbolo de abandono, pobreza y falta de gestión efectiva. La pregunta es inevitable: ¿por qué insistir en cambiar la Constitución cuando ni siquiera se ha logrado cumplir lo que ya está establecido en ella?


El debate no debería centrarse en desmontar el orden constitucional vigente, sino en hacerlo cumplir. La Constitución de 1991 no es el problema. El problema ha sido, históricamente, la incapacidad del Estado, en todos sus niveles, para garantizar su aplicación.



Una apuesta innecesaria y riesgosa


La ausencia de recursos en la cuenta bancaria promovida para financiar la Constituyente no es un dato anecdótico. Es una señal política. Refleja desconexión, falta de respaldo y, posiblemente, desconfianza ciudadana.


Colombia no necesita una nueva Constitución. Necesita instituciones que funcionen, liderazgo responsable y políticas públicas que respondan a las realidades del país.


Impulsar una Constituyente en este contexto no solo es innecesario. Es un riesgo que puede abrir la puerta a una mayor polarización, a la incertidumbre jurídica y a la fragmentación social.



La Constitución es nuestra coraza, hay que protegerla


El poder constituyente no puede convertirse en una herramienta coyuntural ni en un proyecto personal. Requiere legitimidad real, no proclamada. Requiere respaldo ciudadano, no suposiciones. Y sobre todo, requiere responsabilidad histórica.


Hoy, más que nunca, Colombia necesita estabilidad, no experimentos. La evidencia es clara: sin apoyo ciudadano tangible, sin recursos y sin consenso, la Constituyente no es una solución, es un problema en construcción, con bases débiles, sin conocimientos notables y generada para atornillar en el poder a quienes lo están destruyendo. Abrir la Constitución es dejar expuestos los órganos de un cuerpo en un ambiente lleno de bacterias.



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