Capturados tres hombres acusados de reclutar menores para grupos armados ilegales en Colombia

Tatty Umaña G
13 oct
5 Min. de lectura

Policía rescató a dos adolescentes que eran transportadosados desde Nariño hacia estructuras armadas en Tolima.

Una patrulla rutinaria que reveló una oscura operación de reclutamiento

La tarde del domingo 13 de octubre parecía transcurrir con normalidad en las carreteras del departamento de Tolima. Sin embargo, lo que comenzó como una verificación de rutina por parte de agentes de la Policía Nacional terminó destapando una operación de reclutamiento de menores de edad para estructuras disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Los hechos ocurrieron en una vía que conduce hacia el municipio de Guamo, cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje observaron un vehículo estacionado de manera sospechosa. Al acercarse para solicitar los documentos correspondientes, encontraron a cinco ocupantes cuya actitud generó suficientes alertas como para profundizar en las verificaciones. Ninguno de los presentes imaginaba que aquella intervención policial cambiaría drásticamente el destino de dos adolescentes de apenas diecisiete años.

Brazaletes y ausencia de documentos: las primeras señales de alarma

Durante la inspección inicial, los agentes descubrieron elementos que inmediatamente llamaron su atención. Entre las pertenencias de los ocupantes del automotor había brazaletes con símbolos alusivos a las disidencias de las Farc, grupos armados que han continuado operando tras la firma del acuerdo de paz de 2016. Este hallazgo, por sí solo, ya representaba una señal preocupante sobre las intenciones del grupo.

No obstante, lo que realmente encendió todas las alertas fue constatar que dos de los cinco pasajeros, ambos menores de edad, carecían completamente de documentos de identificación. Esta ausencia de papeles en jóvenes que viajaban largas distancias resultó absolutamente irregular y motivó a los uniformados a intensificar el interrogatorio. Las respuestas evasivas y las contradicciones en las versiones de los adultos fueron revelando, poco a poco, la verdadera naturaleza del viaje.

Un trayecto desde Nariño que escondía intenciones criminales

A medida que avanzaban las preguntas y se profundizaba en las pesquisas, los agentes lograron reconstruir una historia que estremece por su naturaleza delictiva. Los dos adolescentes habrían salido de sus lugares de origen en el departamento de Nariño, una región que históricamente ha sido afectada por la presencia de grupos armados ilegales y donde el reclutamiento forzado sigue siendo una dolorosa realidad.

El destino final de estos jóvenes, según establecieron las autoridades, no era otro que ser entregados a una estructura armada ilegal que opera en territorio tolimense. Los tres hombres adultos que viajaban con ellos cumplían, presuntamente, la función de transportistas en esta cadena de reclutamiento. Sus nombres quedaron registrados para la historia criminal colombiana: Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez.

Captura en flagrancia y restablecimiento de derechos para las víctimas

Una vez confirmadas las sospechas sobre la naturaleza ilícita del traslado, los agentes procedieron a capturar en situación de flagrancia a los tres hombres adultos. Esta modalidad de detención, que ocurre cuando el delito se comete en presencia de las autoridades o inmediatamente después de su comisión, permite una actuación rápida y contundente por parte de la fuerza pública.

Paralelamente, las autoridades adoptaron medidas urgentes para proteger a los menores de edad rescatados. Los dos adolescentes fueron trasladados de inmediato a una comisaría de familia, entidad encargada de garantizar el restablecimiento de los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Allí recibirán la atención psicosocial necesaria y se evaluarán las condiciones para su eventual retorno con sus familias o su ubicación en programas de protección especializados.

El proceso judicial avanza con imputación de cargos graves

El caso no quedó solamente en la captura. Una fiscal adscrita a la Seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación asumió rápidamente la dirección del proceso penal. En cumplimiento de los procedimientos establecidos por el sistema de justicia colombiano, la representante del ente acusador presentó a los tres detenidos ante un juez con función de control de garantías.

Durante la audiencia correspondiente, la fiscal imputó a Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez el delito de reclutamiento ilícito. Este tipo penal, contemplado en el código penal colombiano, castiga severamente a quienes vinculen a menores de dieciocho años a grupos armados organizados al margen de la ley. Las penas para este delito pueden oscilar entre seis y diez años de prisión, además de las sanciones accesorias que correspondan.

Prisión preventiva mientras avanza la investigación criminal

El juez de control de garantías, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y evaluar las pruebas presentadas, determinó que los tres capturados representan un peligro para la sociedad y existe riesgo de que obstruyan la investigación o intenten fugarse. Por estas razones, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los tres hombres, quienes deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Esta decisión judicial garantiza que los presuntos reclutadores no puedan continuar con sus actividades delictivas y además permite que la investigación se desarrolle sin interferencias. Las autoridades continuarán indagando sobre posibles vínculos de los capturados con estructuras más amplias de reclutamiento y con las disidencias de las Farc que operan tanto en Nariño como en Tolima.

El reclutamiento forzado: una herida abierta en Colombia

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática que muchos creían superada tras el proceso de paz. El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una realidad dolorosa en varias regiones del país.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado cientos de casos en los últimos años, particularmente en zonas rurales donde la presencia del Estado resulta débil y las estructuras criminales ejercen control territorial.

Los niños y adolescentes reclutados enfrentan situaciones dramáticas: son separados de sus familias, obligados a participar en actividades bélicas, expuestos a violencia extrema y privados de sus derechos fundamentales como la educación, la salud y el desarrollo integral. Además, muchos de ellos cargan con traumas psicológicos profundos que requieren años de atención especializada para su superación.

La labor preventiva y el llamado a la sociedad colombiana

Las autoridades han reiterado la importancia de mantener alertas comunitarias frente a posibles casos de reclutamiento. Las familias, instituciones educativas y líderes sociales juegan un papel fundamental en la identificación temprana de situaciones de riesgo. Cuando un menor de edad desaparece súbitamente, cambia radicalmente su comportamiento o establece contactos sospechosos con desconocidos, pueden estar manifestándose señales de un proceso de reclutamiento.

La Policía Nacional y otras entidades del Estado han desarrollado programas de prevención en zonas especialmente vulnerables, trabajando directamente con comunidades para fortalecer los factores protectores y reducir los riesgos. Sin embargo, la magnitud del desafío requiere un compromiso sostenido de toda la sociedad colombiana. Solamente mediante esfuerzos coordinados entre instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y ciudadanía será posible erradicar definitivamente esta práctica aberrante.

Este operativo policial en las carreteras del Tolima representa, sin duda, un golpe importante contra las redes de reclutamiento ilegal. Pero más allá del éxito operacional, constituye un recordatorio urgente de que la lucha por proteger a la niñez y adolescencia colombiana de la guerra continúa siendo prioritaria. Cada menor rescatado representa una vida que recupera su oportunidad de futuro, lejos de la violencia y con la posibilidad de construir un proyecto de vida digno.