Una acusación que sacude el corazón del gobierno

Carlos Ramón González

El caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo capítulo judicial.

La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por su presunta participación en un entramado ilícito que habría involucrado a altos dignatarios del Congreso.

Lo que revelan las pruebas

De acuerdo con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, los elementos probatorios señalan que entre septiembre y octubre de 2023 González Merchán habría dado instrucciones precisas al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, para destinar recursos públicos al pago de millonarias coimas.

Las presuntas dádivas tenían como objetivo llegar a los entonces presidentes del Congreso de la República, el senador Iván Leonidas Name Vásquez, y al de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.

Las rutas del dinero

Según la acusación, el exdirector del DAPRE habría ordenado entregar 3.000 millones de pesos al senador Name Vásquez, pagos que se habrían realizado por intermedio de la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova.

Asimismo, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, habría trasladado 1.000 millones de pesos a Montería, recursos destinados presuntamente al representante Calle Aguas.

El contrato detrás del escándalo

La investigación señala que los dineros comprometidos provenían del controversial contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en comunidades indígenas de la Alta Guajira. Un proyecto social crítico que, según la Fiscalía, terminó convertido en el combustible financiero del esquema corrupto.

Un caso de interés nacional

El escrito de acusación presentado este 27 de noviembre de 2025 en Bogotá marca un importante avance en la macroinvestigación que adelanta la Fiscalía ante la Corte Suprema.

La entidad recuerda que esta información se divulga por razones de interés general, dadas las implicaciones institucionales y la magnitud de los recursos presuntamente desviados.

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