Ni con incidente de desacato, Sanitas cumple con cirugía a paciente con cáncer, la situación de Harold Alfonso es crítica

La justicia reiteró que la EPS debía garantizar con celeridad una cirugía oncológica vital. La omisión persistente activó un nuevo proceso disciplinario.

El caso que enciende de nuevo las alarmas judiciales

El Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué abrió un incidente de desacato contra dos directivas de Sanitas EPS, tras evidenciarse que la entidad no cumplió la orden impartida en un fallo de tutela del 7 de noviembre de 2025. En esa sentencia, el despacho exigió garantizar, en un máximo de 48 horas, la programación de una cirugía prioritaria para Harold Eder Alfonso Valderrama, diagnosticado con un tumor maligno de glándula parótida, una patología catalogada como de alto riesgo.

La intervención, que incluye parotidectomía total, descompresión neurovascular y vaciamiento linfático, había sido ordenada por el médico especialista desde el 2 de septiembre. Sin embargo, transcurrieron más de dos meses sin que el procedimiento fuera programado, pese a la gravedad del diagnóstico.

Una autorización tardía y sin ejecución real

El expediente muestra que la orden médica se radicó el mismo día en que fue expedida, pero Sanitas solo autorizó el procedimiento un mes después, el 2 de octubre. Aun así, la intervención no se llevó a cabo: la IPS MEDICADIZ informó que nunca recibió la autorización necesaria para fijar fecha, hora y equipo quirúrgico.

La juez concluyó que la EPS incurrió en una actuación tardía e insuficiente, pues “la autorización formal no garantiza el acceso real a la cirugía”, especialmente tratándose de un paciente con cáncer, sujeto de especial protección constitucional.

El fallo: una advertencia clara sobre el derecho a la salud

La sentencia original recordó que los derechos fundamentales a la salud, la vida y la seguridad social deben ser protegidos con rigor cuando la falta de atención médica puede agravar una enfermedad de alto impacto. La jurisprudencia citada –incluidas las sentencias T-760/2008 y T-099/2023– señala que la atención debe ser oportuna, eficaz y libre de barreras administrativas.

Con esos criterios, el juzgado ordenó a Sanitas adoptar de inmediato todas las decisiones logísticas y asistenciales necesarias para garantizar la cirugía, sin excusas operativas ni dilaciones.

Las explicaciones de Sanitas no convencieron al despacho

En el trámite posterior, Sanitas argumentó que la demora obedecía a procesos administrativos y a la gestión de la red prestadora. Sin embargo, la juez consideró que estas razones no justifican el incumplimiento de un fallo de tutela, cuyo mandato es de cumplimiento inmediato.

La directora de la oficina de Ibagué, Sandra Yaned Fernández Cárdenas, informó que la orden había sido remitida a la Dirección de Aseguramiento para verificar el prestador idóneo. No obstante, el juzgado señaló que no existe evidencia de que se haya concretado la programación, ni de que la EPS haya tomado medidas eficaces para asegurar la cirugía.

Apertura formal del incidente de desacato

Conforme a la valoración de las pruebas, el despacho resolvió abrir incidente de desacato contra Sandra Yaned Fernández Cárdenas, directora regional, y Rosa Liliana Rodríguez, asesora médica. Ambas deberán responder en un plazo de tres días y aportar las pruebas que consideren necesarias.

La juez advirtió que ya asumió competencia para imponer sanciones, que pueden incluir multas o arresto, si se comprueba el incumplimiento del fallo.

Protección al usuario: una mirada desde la Superintendencia

El caso también llegó a la Superintendencia Nacional de Salud, que informó a la peticionaria que iniciará actividades de inspección y vigilancia sobre la actuación de Sanitas.

El requerimiento formará parte de la evaluación para determinar si procede la apertura de planes de mejoramiento, investigaciones o medidas de control.

Una historia que refleja la urgencia del acceso real a la salud

El proceso revela una problemática frecuente: pacientes con enfermedades graves que observan cómo entre trámites, validaciones internas y demoras administrativas se vulnera su derecho a recibir atención oportuna.

Ahora, el juzgado continuará el trámite del desacato y evaluará las responsabilidades de las funcionarias involucradas. Mientras tanto, el paciente espera que, por fin, su cirugía sea programada y ejecutada sin más barreras.

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En este caso, la justicia actuó con contundencia, reiterando que autorizar no es suficiente: se debe garantizar. En #contattyumaña estamos estrenando Canal en WhatsApp, en Youtube, además puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Si prefieres estar en el grupo de noticias de WhatsApp. Si quieres pautar con nosotros aquí