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El laberinto del agua en Ibagué: la verdad oculta tras la llamada Obra del Siglo

  • Foto del escritor: Tatty Umaña G
    Tatty Umaña G
  • 25 nov 2025
  • 4 Min. de lectura

¿Y qué pasó con la Obra del Siglo? Es lo que se preguntan los habitantes de la zona, ellos quieren saber la verdad detrás del Plan Parcial El Zorro y la crisis del agua en Arboleda del Campestre


Un proyecto que nació con vacíos y terminó afectando a miles de familias


El Plan Parcial El Zorro, proyecto de interés social y prioritario desarrollado por Constructora Bolívar bajo el nombre Arboleda del Campestre, fue aprobado en la administración del entonces alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. El aval llegó pese a algo que hoy resulta inexplicable: el plan se aprobó sin red de agua ni alcantarillado y con vacíos técnicos que desconocieron requisitos esenciales para garantizar vivienda digna y servicios públicos seguros.


Ese origen débil abrió la puerta a una cadena de decisiones institucionales que hoy tienen en riesgo a más de 40 mil habitantes.


La PTAP Arboleda: una planta entregada sin garantías


Durante el gobierno de Andrés Hurtado y bajo la gerencia del IBAL en cabeza de la ingeniera Erika Palma, se entregó la PTAP Arboleda, construida en convenio con la Constructora Bolívar.


La planta recibe agua del río Combeima en un punto altamente contaminado. El conducto de agua cruda es inadecuado y carece de las condiciones mínimas de seguridad. Nada de esto fue corregido antes de operar, pese a advertencias técnicas, denuncias ciudadanas y conceptos ambientales pendientes.


La continuidad de Johana Aranda y el desacato judicial


La administración actual, liderada por la alcaldesa y bacterióloga Johana Aranda, no frenó la operación de la llamada Obra del Siglo, aunque existían requerimientos ciudadanos, advertencias sanitarias y un fallo del Juzgado Quinto de Ibagué que ordenaba acciones inmediatas.


Pese al mandato judicial, se mantuvo el funcionamiento de la planta, incurriendo en presunto desacato. En febrero del 2025, la alcaldesa prometió un nuevo tanque para Arboleda del Campestre, afirmando que su prioridad es el agua y la calidad de vida de los ibaguereños, pero la situación continúa sin resolverse.


Cambio de uso de agua sin sustento real


En 2016, el entonces director de Cortolima, Jorge Enrique Cardozo, autorizó el cambio de uso del agua del río Combeima: pasó de agrícola a consumo humano mediante la Resolución 2169 de 2016.


Diez años después, el índice de contaminación del río aumentó. Los conceptos técnicos no reflejan las condiciones reales de la bocatoma Asocombeima. Hoy es evidente que la autorización no correspondía a la realidad ambiental.


Determinantes ambientales incumplidos desde el principio


La autorización ambiental del Plan Parcial El Zorro exigía condiciones mínimas. Ninguna se cumplió plenamente.


Entre los principales incumplimientos se encuentran:


• No hubo planta de tratamiento de aguas residuales antes de urbanizar.

• La PTAR inaugurada en 2014 presenta vacíos operativos.

• Existen conjuntos sin alcantarillado completo y con estaciones de bombeo insuficientes.

• No hay factibilidad real de agua.

• No existe concertación ambiental efectiva entre la autoridad y la urbanización.




Contaminantes omitidos y aguas sin tratar llegando a la PTAP


Según el monitoreo ambiental de la PTARD El Tejar realizado por CORCUENCAS, los parámetros DBO5 y sólidos suspendidos totales no cumplen con los límites de la Resolución 631 de 2015.


Además, metros debajo de la PTAR llegan aguas residuales sin tratamiento desde colectores como La Guadaleja y El Sillón directamente al punto de captación de la PTAP Arboleda. Esto fue confirmado por el IBAL mediante el Oficio 20823 de 2025.


Riesgos no evaluados y parámetros críticos sin medir


Ni el IBAL, ni la Secretaría de Salud, ni la Superintendencia de Servicios Públicos reportan contaminantes como mercurio, plomo, fenoles, plaguicidas e hidrocarburos.

Las autoridades se amparan únicamente en el índice IRCA, que no evalúa la totalidad de riesgos físicos y químicos.


Pese a ello, se siguen emitiendo certificaciones de potabilidad.


Un mapa de riesgo incompleto y cuestionado


El mapa de riesgo presentado dos años después de inaugurada la PTAP fue firmado por la entonces secretaria de salud de Ibagué, Martha Liliana Ospina. Dicho documento:


• Omite descargas y vertimientos directos

• Fue elaborado por HYDROCHEMICAL S.A.S., microempresa sin certificación sólida

• Está cuestionado por presunta falsedad


Hasta hoy no existe actualización del mapa, ni seguimiento claro al conducto que abastece a la urbanización.


Favores, avales y reconocimientos que no reflejan la realidad


A pesar de las denuncias ciudadanas, los entes de control y el Ministerio de Vivienda han respaldado al IBAL y a la Constructora Bolívar.


Los hechos más llamativos son:


• Certificación LEED de sostenibilidad para un proyecto VIS que aún no garantiza agua segura.

• Reconocimientos de Camacol nacional por un supuesto modelo de desarrollo sostenible.

• Informes oficiales de la Superintendencia asegurando potabilidad, mientras los habitantes reportan agua de mala calidad, intermitente y con riesgos sanitarios.


Un año después de la "Obra del Siglo", la crisis persiste


Ha pasado un año desde la entrega del acueducto complementario y miles de ibaguereños siguen sin agua potable confiable. Arboleda del Campestre continúa con un servicio deficiente, intermitente y con riesgos para la salud de sus habitantes.


Las exigencias de la veeduría y los habitantes


Las familias afectadas y la veeduría de servicios públicos exigen acciones inmediatas:


  • Al gerente del IBAL, Roberto Santofimio: garantizar calidad, continuidad y acceso al acueducto complementario.


  • Al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: honrar su compromiso histórico con la ciudad, anular el convenio 003 y clausurar la PTAP Arboleda.


  • Al experto comisionado Jorge Enrique Cardozo: responder ante la deuda ambiental y técnica con los habitantes del sector.


  • A la Constructora Bolívar: garantizar vivienda digna y cumplir los derechos de los propietarios.


  • A la alcaldesa Johana Aranda: acatar la orden judicial y asegurar la prestación adecuada de acueducto, alcantarillado y aseo.



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