De la Espriella pide verdad internacional sobre Petro, Cepeda y Santos tras la captura de Nicolás Maduro

El líder de Defensores de la Patria elevó cinco preguntas clave al presidente de Estados Unidos, en un hecho que, asegura, marcaría un antes y un después para la transparencia democrática en Colombia.

Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en territorio estadounidense, el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó un contundente llamado internacional para que se conozca lo que denomina la “verdad histórica” sobre los presuntos nexos entre el régimen venezolano y figuras clave de la política colombiana.

Según explicó el líder del movimiento

Defensores de la Patria, este momento no pertenece al pasado ni a la confrontación ideológica, sino que representa una condición indispensable para garantizar la transparencia electoral, la defensa de la democracia colombiana y la estabilidad del hemisferio occidental.

Una carta a las más altas esferas del poder en Estados Unidos

De La Espriella confirmó el envío de una misiva oficial dirigida al presidente Donald J. Trump, a la fiscal general Pam Bondi y al secretario de Estado Marco Rubio, en la que solicita el acompañamiento del sistema judicial estadounidense para esclarecer hechos que, a su juicio, resultan determinantes de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026 en Colombia.

El pronunciamiento se produce tras lo que calificó como el “éxito histórico” de la Operación Resolución Absoluta, que culminó con la captura de Maduro, hoy bajo custodia judicial en Estados Unidos.

Cinco preguntas que, según De La Espriella, Colombia necesita responder

El eje central del reclamo gira en torno a cinco interrogantes fundamentales que, en palabras del candidato presidencial, deben ser esclarecidas con rigor judicial y alcance internacional.

La primera apunta al financiamiento ilícito, cuestionando si existió apoyo económico, logístico o político del régimen venezolano a la campaña presidencial de Gustavo Petro, incluyendo presuntas transferencias y coordinaciones con estructuras criminales transnacionales.

La segunda se enfoca en una supuesta estrategia criminal, relacionada con organizaciones del crimen organizado que, según sostiene, operarían en Colombia aliadas al régimen venezolano, y su papel en el control de rutas de narcotráfico y zonas fronterizas.

Alianzas políticas y zonas estratégicas bajo la lupa

El tercer punto aborda las alianzas políticas, en particular las relaciones de dirigentes colombianos con el régimen venezolano. De La Espriella menciona de manera explícita al senador Iván Cepeda, señalando que sus vínculos históricos con líderes guerrilleros y su defensa pública de determinadas agendas lo convertirían —según su criterio— en una figura clave dentro de esa red de influencias.

El cuarto interrogante se centra en la denominada Zona Binacional entre Colombia y Venezuela. El candidato cuestiona su verdadero propósito estratégico y plantea si esta facilitaría el flujo de narcóticos, armas y financiación ilícita entre ambos países, más allá de las declaraciones oficiales.

“No es persecución política, es defensa de la democracia”

De La Espriella insistió en que su llamado no constituye una persecución política, sino un ejercicio de responsabilidad democrática. Asegura que el esclarecimiento de estos hechos es esencial para que los colombianos puedan tomar decisiones informadas y libres en las urnas.

“Con Maduro bajo custodia, el mundo tiene hoy una oportunidad histórica de conocer la verdad completa”, ha reiterado en distintos escenarios públicos.

El pronunciamiento ya genera reacciones en distintos sectores políticos y promete escalar el debate nacional en el inicio de un año electoral decisivo para el país.

El quinto interrogante: el papel de Maduro en los acuerdos de paz

El quinto punto planteado por Abelardo De La Espriella se concentra en el rol que habría desempeñado Nicolás Maduro durante el proceso de paz adelantado en el gobierno de Juan Manuel Santos. El candidato cuestiona el verdadero alcance de los acuerdos firmados con las FARC y se pregunta si estos, lejos de desarticular completamente las estructuras criminales, facilitaron la reinserción de antiguos combatientes sin desmontar las redes del narcotráfico.

Desde su perspectiva, resulta indispensable esclarecer qué papel cumplió Maduro como garante y facilitador del proceso, y si su intervención contribuyó a lo que califica como una “paz formal”, que no habría erradicado el narcoterrorismo sino que, por el contrario, permitió su reconfiguración y expansión regional.

Una propuesta sin concesiones contra el narcotráfico

Más allá del esclarecimiento judicial, De La Espriella aprovechó el pronunciamiento internacional para reafirmar su propuesta presidencial de una lucha frontal y sin concesiones contra el narcotráfico. En la carta enviada a las autoridades estadounidenses, plantea la creación de una Fuerza Binacional Antinarcóticos, articulada directamente con el Departamento de Estado y la Fiscalía General de Estados Unidos.

De acuerdo con el candidato, esta alianza estratégica permitiría golpear de manera estructural las rutas de la cocaína, el lavado de activos y las organizaciones criminales transnacionales que, según sostiene, hoy amenazan la estabilidad institucional de Colombia.

“La verdad no es del pasado,, es una urgencia democrática”

“La verdad sobre estos hechos no es un asunto del pasado; es una condición indispensable para la salvación de la democracia colombiana”, afirmó De La Espriella, advirtiendo que ignorar estos presuntos vínculos equivaldría a permitir la expansión del narcoterrorismo en todo el hemisferio occidental.

El líder de Defensores de la Patria recordó además que la denuncia que radicó en marzo de 2025 contra Gustavo Petro, Nicolás Maduro e Iván Velásquez por presuntos delitos relacionados con narcotráfico adquiere hoy una relevancia definitiva, tras la captura del mandatario venezolano.

Según indicó, su compromiso político y jurídico es claro: construir una alianza sólida con Estados Unidos, erradicar las economías ilegales y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado colombiano.

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